El derecho a la educación es un derecho humano y una garantía constitucional, dada su importancia y relevancia para el desarrollo personal, profesional y social. En relación a las personas con discapacidad y, teniendo en cuenta que se encuentran generalmente en un plano de desigualdad frente a las demás personas por la falta de oportunidades, se hace aún más necesario contar con una educación lo más completa posible para mitigar las brechas sociales, económicas y laborales a las que se podrían encontrar éstas en la vida adulta.

Es relevante señalar que las personas con discapacidad (en adelante PCD), ocupan un porcentaje importante de la población, de este modo se hace necesario entregar algunas cifras para sustentar la vital importancia de que las PCD tengan un fácil acceso a la educación, sin obstáculos y, lo más importante, sin discriminaciones arbitrarias.

Según los datos del Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad2 (en adelante II ENDISC), un 16,7% de la población de 2 y más años se encuentra en situación de discapacidad, es decir, 2.836.818 personas. En tanto, el 20% de la población adulta está en situación de discapacidad, es decir, 2.606.914 personas, mientras que el 5,8% de la población de 2 a 17 años son PCD, es decir 229.904 personas. Específicamente, en cuanto a estadísticas de PCD relacionadas con su educación, nos encontramos con cifras alarmantes. El promedio de años de estudio de las PCD es de 8,6 años, mientras que para las personas que no están en esa situación es de 11,6 años, información que da las primeras evidencias de algunas brechas, las que se acentúan a medida que las cifras se analizan con más detalle. Además, la población con discapacidad severa estudia en promedio 7,1 años, mientras que las personas con discapacidad leve a moderada estudian en promedio 9,6 años. Es así que, si se analiza la escolaridad de las PCD en cuanto a quintiles de ingreso, observamos que, a menores ingresos existe una menor cantidad de años de estudio. Sumado a lo anterior, están las brechas geográficas, puesto que, en una zona urbana, las personas con discapacidad leve a moderada tienen una escolaridad de 10,1 años, mientras que en una zona rural alcanzan los 6,9 años. Por su parte, las personas con discapacidad severa enfrentan una realidad desproporcionada a la anterior, dado que el promedio de años de estudio en zonas urbanas es de 7,5 años y en zonas rurales es de 4 años.

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